Dicen que si se lleva a cabo la anunciada huelga de jueces (esto es una contradicción en los términos o, como diría mi amigo Frías, “metafísicamente imposible”), ello supondría un atasco –otro más- en los juzgados españoles.
No me extraña que la Justicia esté atascada o apurada. Con sólo echar una ojeada a la prensa y a la televisión y una oída a la radio, es suficiente para darse cuenta de que los españoles, que hablamos casi tanto como los judíos, hemos llegado a la incomunicación más absoluta. Queremos que todo nos lo solucione la Justicia, a nivel particular y general. Y no nos conformamos con un veredicto, no, recurrimos una y otra vez.
En este país nuestro, tan caliente, tan latino, tan visceral, nos lanzamos unos contra otros sin ningún pudor. Por las herencias de los abuelos, de los padres, por las lindes de las tierras. “Nos veremos las caras en los tribunales”, y frases por el estilo, hacen que los expedientes vayan invadiendo salas y salas de los juzgados, amenazando con enterrar vivos a los funcionarios.
Otro grupo que obstaculiza la Justicia es el de folklóricas, gente de la farándula en general, familiares de familiares de famosillos y demás ralea, que acude a las televisiones para ponerse a parir, lanzarse dardos envenenados, llamarse el nombre del puerco para, a continuación ponerse querellas entre ellos, y recurrir si no les gusta la sentencia, y casi nunca les gusta.
Nadie ha llegado todavía al fondo de ese sabio refrán, que dicen es la maldición del gitano: “Juicios tengas y los ganes”.
Desde hace unos años, los políticos en la oposición se han suscrito a esta forma de entender el quehacer legislativo. Las leyes se hacen en el Congreso de los Diputados, se refrendan en el Senado, y el Ejecutivo las aplica, lo normal en un sistema democrático imperfecto, como todos. Pero al partido de la oposición no les gustan y acuden a todos los escalones que el sistema judicial les ofrece. Si la Justicia fuera un empresa que cotizara en bolsa, se entendería, hay que mover el negocio, pero siendo, como es, un poder que cuesta mucho dinero a las arcas del Estado, no acaba de entenderse.
El último episodio ha sido el de la Ley para la Ciudadanía. No le gusta a la derecha, pese a ser una de las leyes más equilibradas y sensatas del actual gobierno –será por eso-, donde no se adoctrina, donde se enseña a convivir en una sociedad moderna. Han perdido en el Tribunal Supremo, pero no se dan por vencidos, ahora recurren al Constitucional.
Si no fuera la cosa tan seria, diría como mi amigo el Ruiz, “así me gusta, que se diviertan”.
El agobio del sistema judicial, lo único que demuestra es la insoportable imposibilidad de comunicarnos. Otro fallo más de la sociedad actual. Cuando algo se nos tuerce, la ira nos invade, y en lugar de hablar, que lo solucione un juez, con quien tampoco estaremos de acuerdo si no nos da la razón.